De los tradicionales golpes de estado ensangrentados y violentos, hoy se hacen presentes de otra manera; más sutiles. El 2001 en Argentina, fue una circunstancia que se construyó detrás del trono, después de decisiones totalmente desacertadas de una dirigencia política disfuncional. También fue aprovechada por los adversarios políticos para acomodarse de cara al reciclaje del sistema, también disfuncional.

El golpe de estado del 28 de junio en Honduras tiene las mismas características. Aunque no haya habido motivaciones estrictamente económicas (como el corralito en nuestro caso) las explicaciones devienen de un conflicto entre el Ejecutivo, y una alianza del Legislativo y Judicial. Esta es la faz institucional, de la crisis. Sin embargo en el trasfondo se encuentra una discusión de poder en el seno del Partido Liberal de Honduras.

Es en sistemas políticos frágiles, no completamente institucionalizados y socializados, donde abundan ingenierías de golpes. Desde el pretorianismo romano hasta las abdicaciones por la fuerza durante las monarquías modernas, el poder no esta verdaderamente en el trono, sino en diversos grupos de la comunidad más o menos dinámicos según las épocas.

A decir verdad, existe un vínculo de conveniencia entre quienes detentan el poder institucional y los que poseen capacidad de chantaje gracias a su posición económica o incluso con los que gozan de autoridad y prestigio.

La crisis en Honduras si bien se profundizó en los últimos meses, comenzó allá por finales de 2007 cuando Manuel Zelaya se acercó diplomáticamente con los gobiernos “socialistas” del nicaragüense Daniel Ortega y Hugo Chávez. La entrada de Honduras a Petrocaribe (una alianza comercial en materia de hidrocarburos venezolanos) promovió crecientes acusaciones de corrupción por parte del Partido Conservador y algunos miembros del oficialista Partido Liberal Hondureño.

Pero fue a principios de este año, cuando el conflicto entre poderes se manifestó de lleno. La idea de Zelaya de colocar una cuarta urna en los próximos comicios de noviembre para consultar por una posible reforma constitucional, provocó el rechazo de los representantes en el Poder Judicial y el Parlamento. Zelaya mantuvo su postura, pretendiendo hacer la consulta en Junio, y le ordenó al Jefe del Ejército Romeo Vásquez Velásquez (excelente alumno de la Escuelas de las Américas) que distribuya las urnas para realizar la consulta. Como era de prever, el Velásquez se negó y Zelaya anunció su expulsión de la jefatura del Ejército.

Posteriormente la Corte Suprema rechaza la decisión de destituir a Velázquez y el ejército se moviliza hacia Tegucigalpa. Enseguida Velázquez les ordena a sus subordinados que abandonen la capital y vuelvan a los cuarteles. Cuando la situación parecía normalizarse, Zelaya entra con un grupo de personas a una base de la Fuerza Aérea y toma las tarjetas de votación que debían distribuirse para que se realice la consulta. El 27 de junio el Congreso designó una comisión especial para investigar a Zelaya, supuestamente “por desconocer los fallos de las instancias jurisdiccionales y violentar el Estado de Derecho”, con la oposición de tan solo 4 diputados.

No solo los partidos opositores le dieron la espalda, sino además su propio Partido Liberal Hondureño, con Roberto Micheletti a la cabeza. El Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, cámaras empresarias, medios de comunicación y algunos sectores gremiales, es decir; todo grupo que detenta poder ya no estaba con Zelaya. La suerte ya estaba echada.

¿Por qué las Fuerzas Armadas intervinieron? Porque así lo dispuso el Poder Judicial. En todo caso, como dijo nuestra presidente hace poco tiempo “todos los golpes fueron cívicos-militares”. Honduras no escapa a eso. Pero hay una salvedad. Las Fuerzas Armadas de Honduras siguen teniendo un rol dinámico, establecido por la Constitución, la cual le dedica todo un capítulo. Y desde el artículo 272 se le da amplísimas atribuciones: Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Para los argentinos modernosos eso es “gorilismo constitucional”, ya que cumplimos al pie de la letra con las disposiciones del Imperio en reducir nuestras Fuerzas Armadas, a un grupete bochornoso de boyscauts.

UN SALTO AL VACIO

En sí, todas las intenciones en política son buenas. Las utopías nos llenan los ojos de lágrimas. Mucho más, si están dirigidas a redimir los derechos de los marginales. En numerosas oportunidades en esta revista, se ha afirmado que en la cancha se ven los pingos. Pretender hacer una revolución socialista y alinearse a la República Bolivariana de Venezuela, desde un partido liberal y con los principales grupos de poder en contra, no es un acto de heroísmo, sino de estupidez.

Querer revolucionar el Estado de esa manera, sin tener elementos infiltrados adoctrinados y comprometidos con la causa en las Fuerzas Armadas (como sí sucede en Venezuela), sin tener a los empresarios encolumnados en un proyecto nacional que reasegure su negocio y que a su vez sirva a los intereses de la Nación, es suicidio político.

Se ha recaído en dilucidar si el proceso de ascenso al poder de Micheletti fue de iure o de facto. Por parte de los representantes de las instituciones hondureñas, se afirma que la sucesión presidencial fue completamente legal apelando a lo establecido en la Constitución Nacional.

La Corte Suprema de Justicia tiene gracias al artículo 319 la facultad de conocer de los delitos oficiales y comunes de los altos funcionarios de la República, cuando el Congreso Nacional los haya declarado con lugar a formación de causa y Declarar la inconstitucionalidad de las leyes en la forma y casos previstos en la Constitución. Por otro lado, la mayor acusación a Zelaya recae en traición a la patria, según el artículo 4 que dispone que la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria.

Lo principal es gobernar de facto. El cuerpo jurídico que se constituya y le de soporte legal a ese gobierno es siempre posterior. Por eso no se puede entender el surgimiento del peronismo en Argentina, sin tener en cuenta las circunstancias que rodearon al golpe de estado del 4 de junio de 1943. Gobernar de facto, es en síntesis, tener la capacidad de suscitar obediencia en las principales áreas de poder de la comunidad. Esto incluye el apoyo popular imprescindible, sea este explícito o tácito.

El tiempo corre a favor de Micheletti. A pesar de las restricciones económicas, de las condenas internacionales, de la denuncia del acuerdo de OEA por parte de Honduras y de las presiones que tiene hoy en día el régimen, es posible que todo quede en empate. Las tratativas del costarricense Oscar Arias todavía no han dado resultados positivos, en especial porque el Acuerdo de San José propone entre otros puntos, el regreso de Zelaya al poder. En esto, el gobierno de Micheletti es intransigente.

La manifiesta injerencia de terceros estados en los asuntos de Honduras, han provocado una fuerte reacción por parte de los hondureños. Y mientras mayor sea la presión, más rechazo a un acuerdo se conseguirá. Los nuevos comicios que se lleven a cabo, finalmente le darán legitimidad a un nuevo gobierno ya establecido.

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